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Más de 150 millones tiene que devolver la ex fiscal, revela auditoría de 2022

Abel Miranda Ayala  

La ahora ex fiscal General del Estado Sandra Luz Valdovinos está emplazad a devolver más de 150 millones de pesos que la Auditoría Superior del Estado detectó como daño a la hacienda pública por diversas irregularidades, como pagos sin justificación a trabajadores, compras que se hicieron pero los bienes no ingresaron entre otras, también se le iniciaron procedimientos administrativos y fiscales por las irregularidades cometidas en el año 2022.

En el reporte de la ASE, la fiscalía en el 2022 gastó 120 millones en el pago de un bono a trabajadores que no tiene justificación y con recursos que no tenían un techo presupuestal, estos tendría que devolverlos la ex funcionaria.

Un total de 466 mil 616 pesos se observaron en razón de que realizó pagos por concepto de percepciones salariales las cuales exceden el importe autorizado en el tabulador de sueldos de los trabajadores, otros 8 millones 927 mil 810 pesos se detectaron en compras de bienes muebles e inmuebles que se pagaron pero nunca se reportaron al inventario de bienes de la Fiscalía Estatal.

En el rubro de adquisición de bienes y servicios originalmente se observaron más de 10 millones de pesos, sin embargo en el proceso de justificación se logró comprobar el gasto de la mayoría de ese recursos y al final únicamente se le emplazó a devolver 916 mil 447 pesos más los intereses generados hasta su reintegro, en razón de que no presentó la evidencia que acredite los trabajos realizados y bitácora fotográfica por concepto de servicios de mantenimiento a vehículos y documentación que compruebe y justifique el ejercicio de los recursos.

En la Auditoría tampoco se logró justificar el uso de 16 millones 921 mil 245 pesos que se informó como gasto de combustible pero no presentaron facturas ni se tiene bitácoras que acrediten el gasto efectuado.

Un tema que resalta es la adquisición de uniformes que en los que se invirtieron 231 mil 34 pesos, pro la factura estaba cancelada en el SAT, y a pesar de eso fue utilizada en dos momentos de la comprobación, al final el proveedor la cambió por una nueva, pero se mantiene un adeudo en una de las dos justificaciones.

Otro medio millón de pesos se detectó como irregularidad en el rubro de pagos por concepto de servicios de arrendamiento, servicios profesionales, científicos y tecnológicos y otros servicios, y otros servicios generales, en global en este rubro gastaron 7 millones 758 mil 400 pesos y de ello no presentaron los pedidos, las cotizaciones, contratos suscritos, así como la evidencia de los trabajos realizados, tras requerimientos lograron justificar la mayoría del gasto solo quedaron 500 mil pesos en razón de que no presentó la evidencia que acredite los trabajos realizados por concepto de servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.

Un millón 926 mil 35 pesos más deben devolverse en razón de que no presentó la documentación que justifique el ejercicio de los recursos por concepto de servicios de traslado y viáticos, registrando el gasto como pagos de compensaciones por desempeño, gastos extraordinarios a personal administrativo y erogaciones extraordinarias al personal administrativo.

RESPONZABILDIAD FISCAL

De acuerdo con el reporte de auditoría número 2022-B-CF-64A-011-2023, en el 2022 la Fiscalía no trasladó al Servicio de Administración Tributaria un total de 61 millones 812 mil 233 pesos por el pago del Impuesto Sobre la Renta por Sueldos y Salarios, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2022.

Además de que no pagó dos millones 652 mil 984 pesos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por cuotas y aportaciones de Seguridad de Social.

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

La Auditoría localizó que una diferencia de más 119 millones de pesos entre el gasto y el recursos que se transfirió a la Fiscalía sin que hubiera aprobación para reasignarlos “se identificó que la entidad fiscalizada realizó modificaciones presupuestales por un monto de 119 millones 095 mil 128 pesos de las cuales no acreditó que fueron validadas y autorizadas con antelación, toda vez que el Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2023 del Consejo de la Fiscalía General del Estado de Guerrero es de fecha quince de febrero del año dos mil veintitrés”.

Además, se constató que devengó un importe total de 138 millones 785 mil 434 pesos y 46 centavos en partidas específicas que no contaron con suficiencia presupuestal, es decir en gastos que no debería realizar la fiscalía.

Una de las anomalías detectadas que se resalta es la que corresponde al pago de salarios, prestaciones y estímulos, donde se localizaron irregularidades por un importe de 282 millones 32 mil 881 pesos que se pagaron de más en comparación con lo que se debió pagar considerando el tabulador de salarios de la institución, ante la observación.

“Por concepto de pago de sueldos y salarios correspondientes al ejercicio fiscal 2022, se determinó que existe una diferencia por un importe de 494 millones 873 mil 136 pesos sin que presente la documentación comprobatoria y justificativa que aclare la diferencia” y es que la Fiscalía no presentó la documentación que integra los expedientes de cada trabajador y no se pudo constatar que estuvieran desempeñando una actividad. “no se acredita la existencia, control y la debida integración de los expedientes del personal”.

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