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Condena Calixto Jiménez las terapias de conversión

*El Congreso local aprobó tipificar como delito estas prácticas que atentan contra los derechos humanos

Baltazar Jiménez Rosales

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Gloria Citlali Calixto Jiménez, se congratuló por el hecho de que en días pasados el pleno de la presente 63 Legislatura local aprobó adiciones al Código Penal del Estado de Guerrero para tipificar como delito las terapias de conversión concebidas como instrumento para cambiar, por la fuerza, la orientación sexual de una persona.

De esta manera, con estas adiciones, el pleno del Congreso del Estado aprobó que a partir de que entren en vigor estas nuevas disposiciones, quien incurra en este delito será castigado con una pena de hasta seis años de cárcel.

Cabe señalar que las terapias de conversión son aquellas a través de las cuales se pretende cambiar, principalmente, la orientación sexual de alguna persona.

En este sentido, con la inclusión de este delito al Código Penal se contribuye a garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo.

Al respecto, Calixto Jiménez apuntó que cada persona tiene la facultad de elegir autónomamente su forma de vivir, lo que incluye, por ejemplo, su profesión, estado civil, pasatiempos, apariencia física, estudios o actividad laboral, lo cual sólo está limitado por el respeto a los demás y el interés general.

En ese sentido, señaló, las llamadas terapias de conversión o ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género) atentan contra las personas que desean ejercer su libertad sexual de manera plena, además de que violentan la voluntad, a través de violencia física o moral, situaciones que denigran la dignidad humana.

De la misma forma, refiere que “tener conductas diferentes a las heteronormatividades no significa que sea algún tipo de enfermedad, y el hecho de permitir este tipo de prácticas por parte del Estado, también atenta contra el derecho de las personas a la no discriminación”.

Por ello, a la persona que, contra la voluntad de la víctima o mediante engaño, imparta o aplique cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de la misma, se le impondrán de dos a seis años de prisión y multa de 100 a 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Además, se aumentará hasta en una mitad la sanción cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas adultas mayores o que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo, así como a quien financie alguna de estas actividades, quedando exceptuados de este tipo penal los padres de familia y/o quienes ejerzan custodia o patria potestad respecto a los menores y adolescentes.

Al respecto, la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez expresó que con la aprobación de estas adiciones al Código Penal del Estado, la 63 Legislatura, además de refrendarse como paritaria, se erige como garante del respeto a los derechos humanos de los guerrerenses, independientemente de su orientación sexual o su identidad de género.

Recordó además que desde el inicio de la legislatura se logró la aprobación del matrimonio igualitario y remarcó que se trata de “no dejar a nadie atrás en la ruta hacia la igualdad y la libertad. Nadie afuera, y nadie atrás… y en este caso, no hay nada que curar, como no sea el daño perpetrado históricamente”, finalizó.

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